¿Qué rechazó realmente la Asamblea?

El 22 de junio, la comisión de leyes de la Asamblea Nacional abrió el examen de RIPOST, el proyecto cajón de sastre del Ministerio del Interior sobre el orden público, y tumbó por poco sus primeros artículos, entre ellos el que crea un delito nuevo de organización de una reunión festiva no autorizada. Quedan más de 700 enmiendas por examinar. Nada está decidido: un rechazo en comisión no obliga al pleno, y cuando el texto llegue al hemiciclo los equilibrios pueden cambiar. El Gobierno quiere zanjarlo antes de que el Parlamento pare por verano, a mediados de julio.

¿Hasta dónde llegan los dos textos?

Hoy no hay un texto contra las free parties, hay dos. RIPOST, impulsado por el Ministerio del Interior de Bruno Retailleau y defendido por el ministro Laurent Nuñez, pasó el Senado el 26 de mayo por 243 votos contra 33. En su versión del Senado, quien organice una free party ilegal se enfrenta a hasta dos años de cárcel y 30 000 euros de multa; el asistente que rechace la multa fija puede recibir seis meses y 7 500 euros; e incluso alquilar un equipo de sonido potente sin declararlo en la prefectura cuesta dos meses y 3 750 euros. A eso se suman la incautación del material y los vehículos, la suspensión de licencias y la obligación de pagar los daños ambientales.

En paralelo avanza la proposición de ley de la diputada Laetitia Saint-Paul sobre las rave-parties, ya aprobada en la Asamblea el 9 de abril. Sube la multa de los organizadores a 30 000 euros y, sobre todo, rebaja de 500 a 250 personas el umbral a partir del cual hay que declarar una reunión en la prefectura. Esa sola cifra hace, en silencio, más daño que cualquier pena de prisión.

¿Por qué la escena lo vive como algo existencial?

Francia es una de las cunas del teknival y la freetekno, esos convoyes de sound systems y muros de altavoces al aire libre que recorren el país desde los años noventa. Convertir el hecho de montar una fiesta en un delito penal es, vista desde dentro, criminalizar un modo de vida en lugar de perseguir una molestia. El colectivo Tekno Antirep, nacido en 2022, lanzó una oleada de fiestas-protesta, sus «manifestives», en una treintena de ciudades francesas entre el 30 de mayo y el 13 de junio, y exige la retirada total de ambos textos.

«Unas leyes tan represivas son desproporcionadas para gente que solo quiere salir de fiesta», resume Kamille, del colectivo Tekno Antirep.

En el Parlamento, el rechazo vino de la izquierda: el senador ecologista Guy Benarroche y el comunista Ian Brossat denunciaron que los textos dan al Estado poderes de vigilancia e incautación desmedidos, apuntados contra un movimiento cultural y no contra una ola de delincuencia.