¿Qué pasó en Casa Paola el 28 y el 29 de julio?
La Policía Local de Sant Josep desalojó la misma fiesta ilegal en Casa Paola, una villa de lujo en Es Cubells que se alquila por unos 7.000 euros la noche, no una sino dos veces en 24 horas. El medio local La Voz de Ibiza informó de más de 600 personas en el interior cuando la policía intervino el 28 de julio, con un dron sobrevolando la propiedad; Periódico de Ibiza sitúa la cifra más cerca de las 250-300 personas y nombra al DJ que pinchaba, Franky Ricardo, pagado con 25.000 euros por un set de 9:30 a 12:00. Los asistentes salieron en ropa de fiesta, copa en mano, algunos trasladados en furgonetas; cuatro personas se habrían negado a abandonar el lugar con la prensa presente. La policía volvió al día siguiente y desalojó la misma fiesta otra vez.
El promotor, un ciudadano israelí que no ha sido identificado públicamente, no ocultó su enfado.
"Nos gastamos muchísimo dinero en esta 'fucking island' y ¿así nos lo agradecen?"
¿Por qué Casa Paola sigue organizando fiestas pese a una orden de derribo?
La propietaria de la villa, Paquita Sánchez Marsán, pelea una orden de derribo parcial que afecta a unos 500 metros cuadrados de construcción ilegal, valorada en 231.948 euros cuando se dictó en abril de 2024. Ha bloqueado físicamente a las cuadrillas encargadas de ejecutar el derribo, y el caso está ahora encallado en la vía contencioso-administrativa. No es su primer roce con las autoridades: Casa Paola ya fue multada con 20.000 euros en 2021 por comercialización ilegal y con 10.000 euros por prestar servicios de alojamiento sin autorización. Su anterior propiedad, Casa Lola, no corrió la misma suerte, fue derribada por completo en 2022 en un caso similar.
¿Funciona de verdad la ofensiva contra las villas en Ibiza?
Dos desalojos en un día, un dron sobrevolando, multas de cinco cifras ya impuestas y una orden de derribo pendiente apenas frenan el dinero que se mueve. Un promotor pagó igualmente 25.000 euros por un set matinal en una villa de 7.000 euros la noche, y su queja más sonora fue que la fiesta salió cara, no que fuera ilegal. Hasta que una orden de derribo se ejecute de verdad, en vez de quedarse bloqueada en la entrada, el negocio subterráneo de las villas no tiene motivos para frenar.
