En agosto, TTH informó de que el ayuntamiento de Ibiza había admitido que las cuentas de la licencia de la macrodiscoteca del Corso eran "insalvables", tras haber tenido el problema encima de la mesa durante dieciséis meses. Ese reconocimiento no enterró el proyecto. Llevó al ayuntamiento a buscar un nuevo fundamento legal, y según la información de La Voz de Ibiza, ya ha probado tres.

¿Cuál es la nueva tesis legal del ayuntamiento?

El 9 de febrero, el consistorio argumentó que el club del Corso era una sala de baile preexistente, amparada por derechos adquiridos. Cuando eso no aguantó, viró el 7 de julio hacia otra tesis: el local sería un simple servicio del hotel, no una discoteca pública sujeta al mismo régimen de licencias. Ese argumento también se desmoronó. El 28 de agosto, el ayuntamiento presentó la tesis número tres: la operación del Corso es una sala de baile pública autónoma, justificada legalmente resucitando una licencia de hace décadas.

Tres tesis legales en seis meses, cada una contradiciendo a la anterior, no es lo que parece un proceso de concesión de licencias que funciona. Es lo que parece un ayuntamiento que ya ha decidido el resultado y busca a posteriori una justificación capaz de resistir en un juzgado.

¿Por qué importa tanto una licencia de 1997?

La licencia que el ayuntamiento ha desenterrado data de 1997. Según La Voz de Ibiza, se emitió para un espacio de apenas 488 metros cuadrados, con un aforo máximo de 365 personas. El proyecto del Corso al que ahora se le pide legitimar ocupa 2.484 metros cuadrados, casi cinco veces la superficie que aquel permiso llegó a autorizar.

Estirar una licencia de sala de baile de los años noventa, con tope de aforo y de espacio, para cubrir una macrodiscoteca de 2026 es exactamente el tipo de contorsión legal que atrae el escrutinio que ahora está recibiendo. El Consell abrió el 1 de septiembre un periodo de alegaciones públicas de diez días específicamente sobre esta tercera tesis, y dos demandas distintas, el procedimiento 39/2026 en el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Palma y el 85/2026 en el juzgado n.º 1, ya están poniendo a prueba si se sostiene. Un plazo de prohibición de construir se acercaría hacia el 30 de septiembre, lo que explica la urgencia detrás de una tesis tras otra: la que siga en pie cuando llegue esa fecha determinará si la obra puede continuar.

¿Qué dicen los juzgados y la oposición?

Mientras los juzgados sopesan el papeleo, la propia oposición municipal dice que ni siquiera puede verlo. La concejala Guadalupe Nauda, según La Voz de Ibiza, ha solicitado formalmente el expediente y se lo han denegado. PSOE y Unidas Podemos han exigido conjuntamente una sesión de comisión urgente para forzar a la administración a rendir cuentas sobre un proyecto que ya ha sobrevivido a tres razonamientos legales distintos e incompatibles, sin que ninguno haya salido indemne de una impugnación.

"Tres argumentos distintos en seis meses" es como La Voz de Ibiza resumió el método del ayuntamiento, y esa frase por sí sola dice mucho sobre el nivel de confianza que merece cualquiera de ellos.

Para un sector que observa de cerca la maquinaria de licencias de Ibiza, el patrón importa más que cualquier tesis legal aislada: cuando un ayuntamiento necesita tres intentos para justificar un solo proyecto, y deja fuera del expediente a su propia oposición mientras lo hace, la historia deja de tratar sobre una macrodiscoteca y empieza a tratar sobre cómo se fabrican las licencias en la isla.