La policía desmanteló una fiesta ilegal en una finca rústica de Santa Gertrudis en la madrugada del 1 de julio, con cifras propias del parte de incidencias de un festival: más de 200 personas, seis vehículos retirados, 15 actas por tenencia de drogas y cuatro conductores que dieron positivo en estupefacientes antes de que amaneciera.

¿Qué encontró realmente la policía en la intervención?

La Policía Local de Santa Eulària inició el dispositivo antes del amanecer, con el apoyo de tres patrullas, una unidad de atestados, el Grupo de Acción Preventiva y dos equipos adicionales del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil. A las 10:30 horas ya se habían retirado seis vehículos y se habían levantado cerca de 15 actas por tenencia de drogas, además de cuatro test positivos en estupefacientes a conductores controlados en las carreteras de acceso a la finca. No se detectó ninguna infracción relacionada con el alcohol, un detalle que encaja con una fiesta montada en torno a otro tipo de sustancias y no a barra libre.

¿Por qué importa que el propietario viva allí?

La finca no tiene licencia de alquiler turístico y, según la policía, su propietario reside allí de forma habitual. Ese detalle separa este caso del guion habitual del alquiler ilegal en Ibiza, en el que un propietario ausente cede una villa a un promotor que organiza un evento sin permiso y desaparece antes de que llegue la inspección. Aquí, quien organizaba la fiesta no estaba subarrendando la casa de vacaciones de otra persona: estaba explotando una discoteca de facto desde su propio jardín, con una logística, dos puntos de encuentro lanzadera independientes, en Sant Rafel y en el núcleo de Santa Gertrudis, para trasladar a los asistentes hasta la finca, mucho más propia de una operación comercial que de una reunión privada.

¿Forma parte de una tendencia mayor?

Santa Gertrudis es el último episodio de un verano de intervenciones en el interior rural de Ibiza, después de la fiesta de un millar de asistentes desmantelada en el Camí Vell de Sant Mateu y del intento de la isla de vetar a los DJ que pinchan en el circuito ilegal. Cada caso tiene sus propias cifras y su propia dirección, pero el patrón se repite: logística de lanzaderas, ausencia de licencia, cientos de asistentes, drogas en el lugar y una policía que llega cuando la fiesta ya funciona a pleno rendimiento.

Los puntos de encuentro lanzadera no eran improvisados: eran infraestructura.