¿Qué ha rechazado exactamente el Ayuntamiento de Ibiza?

Durante años, el proyecto del megaclub de Lío dentro del Hotel Corso se sostuvo sobre una sola premisa: que el edificio ya contaba, legalmente, con una sala de fiestas de 1.167,34 metros cuadrados, lo que le permitía escapar a la prohibición de nuevas salas de fiesta del Plan General de 2023. El Ayuntamiento concedió la licencia de obras 11/2026 el 9 de febrero exactamente sobre esa base.

Luego, el 7 de julio, al resolver un recurso vecinal, el propio Ayuntamiento se contradijo: no constaba ningún título habilitante para esa actividad. Desde entonces, la explicación municipal sobre qué uso ampara el edificio ha ido cambiando: primero esa sala de fiestas, después un servicio complementario reservado a los huéspedes, y más tarde una antigua licencia de sala de baile de 1997 que el Ayuntamiento llegó a defender, ante el Consell, como amparo de una actividad autónoma y abierta al público.

En verano, los servicios técnicos municipales concluyeron que el proyecto seguía superando el límite legal de ocupación exigido por el régimen excepcional bajo el que se había tramitado. El 17 de septiembre el Ayuntamiento suspendió directamente la licencia y las obras se detuvieron. Lío Ibiza y Turismo Balear, titular de la licencia, presentaron el 21 de septiembre un proyecto modificado que reducía esa ocupación. El 23 de octubre, tras nuevos informes técnicos y jurídicos, el Ayuntamiento lo denegó mediante el Decreto 2026-7991. Semanas antes, el 28 de agosto, mediante el Decreto 2026-6960, también había archivado otro expediente, abierto desde 2016, el que permitía sostener que ya existía un uso recreativo previo en el edificio. El Consistorio dio ese expediente por desistido.

¿Por qué hay tres pleitos abiertos a la vez?

Con el proyecto modificado muerto y el expediente de 2016 archivado, Turismo Balear y Lío Ibiza han recurrido absolutamente todo: el rechazo de octubre, la suspensión de las obras y el archivo del expediente, con Lío solicitando además que se suspendan los efectos de ese archivo mientras se resuelve el recurso.

Los vecinos de Illa Plana, que viven junto al futuro megaclub, no están dispuestos a esperar a ver de qué lado se decanta el Ayuntamiento. El 1 de octubre acudieron a los tribunales para pedir que sea un juez, y no el Consistorio, quien decida si la suspensión de las obras se mantiene, temiendo que el propio Ayuntamiento pudiera levantarla por su cuenta, ya que se había reservado expresamente ese derecho en cuanto considerase desaparecidos los motivos que la justificaban. El resultado: tres procedimientos contencioso-administrativos distintos están ya pendientes en los juzgados de Palma, sumados a varios recursos administrativos todavía abiertos que afectan a la vez a la licencia, al expediente archivado y a la suspensión.

Tres frentes solo en el expediente municipal, otros tres en los tribunales de Palma, por un edificio que todavía no puede empezar a construirse legalmente.

¿Por qué el propietario de Pacha respalda la pelea de Lío?

Esta semana, Julio Bruno, presidente de la división ibicenca de Trilantic Capital Partners, el fondo que compró Pacha a la familia Urgell, declaró a Diario de Ibiza que Trilantic está "ayudando a la propiedad del Corso a seguir peleando por lo que es justo, y por la licencia de obras que tiene". Es una alianza reveladora: uno de los mayores propietarios de discotecas de Ibiza financia ahora públicamente la batalla legal de un operador rival contra el Ayuntamiento, por un proyecto construido sobre una licencia disputada. Sea cual sea la lógica empresarial de Trilantic, esa declaración confirma lo que ya apuntaban los procedimientos judiciales: esto dejó de ser un litigio urbanístico local hace meses y se convirtió en un caso de prueba sobre hasta dónde están dispuestas a llegar las instituciones ibicencas frente al suelo nocturno más valioso de la isla.

¿Qué le queda al proyecto del Corso?

Con el proyecto modificado denegado y el expediente de 2016 archivado, al Corso solo le queda, en vía municipal, el régimen extraordinario abierto por la declaración de Ibiza como zona turística saturada y de reconversión, publicada el 15 de octubre, que exigiría presentar un proyecto completamente nuevo y obtener otro informe del Consell de Ibiza. Ese proceso ya está encallado: la Comisión de Ordenación Turística del Consell se reunió el 22 de octubre para revisar el informe favorable y vinculante que emitió en octubre de 2025, el mismo sin el cual la licencia nunca podría haberse concedido, pero varios miembros pidieron consultar antes a los servicios jurídicos y la comisión no llegó a votar. Hasta que lo haga, la licencia que sostiene el futuro club del Hotel Corso sigue suspendida, sin resolver, y ahora en el centro de tres procedimientos judiciales distintos en Palma.