El Ayuntamiento de Ibiza se ha pasado el verano levantando un muro alrededor de su puerto. La institución incorporó un veto a nuevas discotecas en el Plan Especial del Puerto y, según La Voz de Ibiza, no se quedó en una prohibición sobre el papel: redujo la edificabilidad permitida en esa zona, precisamente para que nadie pudiera esquivar el veto más adelante.
A pocos cientos de metros, la misma administración dio luz verde a una nueva macrodiscoteca en el Hotel Ibiza Corso. No mediante el procedimiento urbanístico habitual, el mismo que acababa de endurecer en el puerto, sino a través de una excepción normativa extraordinaria heredada de la pandemia, un mecanismo pensado para una emergencia completamente distinta, ahora usado para hacer pasar un nuevo local de gran tamaño.
¿Por qué denuncia Marina Ibiza la situación?
Marina Ibiza tiene la concesión de explotación del puerto y ha denunciado formalmente el montaje. Su argumento, recogido por La Voz de Ibiza, es a la vez procedimental y de fondo: la normativa europea exige una justificación real para restringir la actividad económica en una zona como el puerto, y el Ayuntamiento no ha aportado ninguna que resista frente a la aprobación de Corso, a un paso de allí. Marina Ibiza sostiene que esa contradicción basta para anular todo el plan.
El reportaje añade una segunda irregularidad: algunas prescripciones que sí aparecen en la versión final del plan del puerto no estaban en los documentos que se sometieron a información pública en una fase anterior del proceso, la etapa en la que vecinos, empresas y, cabe suponer, la propia concesionaria del puerto deberían haber podido ver y rebatir este tipo de cláusula antes de que se volviera vinculante.
Por qué el mismo órgano regulador aplica un criterio para cerrar la puerta a nuevas discotecas en un punto, mientras la abre a una macrodiscoteca a pocos cientos de metros.
¿Cómo encaja esto con el congelamiento insular de licencias?
Conviene ser precisos sobre quién hace qué, porque la política nocturna de Ibiza tiene ahora mismo dos instituciones distintas moviéndose sobre la misma cuestión. El Consell d'Eivissa, el consejo insular, impulsa por su lado el PIAT (Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos), que congela las nuevas licencias de discoteca en toda la isla, un plan que el vicepresidente Mariano Juan ha descrito como consensuado con el sector. Ese congelamiento, que Electronic Groove reveló en agosto tras el anuncio del plan en junio, deja intactos a los clubes que ya tienen licencia, Pacha, Amnesia, DC10, Hï, UNVRS; solo bloquea a los nuevos entrantes. La mayoría de municipios de Ibiza ya vetaban nuevas licencias desde hace unos 15 años por normativa urbanística local, con Sant Josep como último reducto.
El veto en el puerto y la aprobación de Corso son, en cambio, cosa del Ayuntamiento de Ibiza, un nivel distinto, y eso es justo lo que hace tan flagrante la contradicción: el mismo Ayuntamiento que acaba de incorporar un veto a nuevos clubes en su propio plan del puerto es, al mismo tiempo, el que ha encontrado una vía legal para aprobar una macrodiscoteca completamente nueva a apenas unos pasos del límite de esa zona.
¿Qué pasaría si prospera la denuncia de Marina Ibiza?
Si el argumento basado en la normativa europea se sostiene, el plan del puerto, veto incluido, queda expuesto a ser anulado por completo. El Ayuntamiento se quedaría entonces sin su restricción en el puerto y sin un expediente jurídico limpio sobre cómo se aprobó Corso, y eso dejaría a cualquier operador que siga el caso un precedente muy claro: un congelamiento insular o municipal vale lo que vale su excepción más débil.
