¿De qué acusa exactamente AEON a estos barcos?
AEON, la asociación empresarial que agrupa al ocio nocturno regulado de la isla, ha presentado una queja formal calificando estas embarcaciones de «auténticas discotecas flotantes»: barcos que venden sesiones de DJ, barra libre y a veces comida, sin asumir ninguna de las obligaciones que sí soportan discotecas como Amnesia, Hï Ibiza, Ushuaïa u O Beach. Su junta directiva lo resume así:
«No están sometidos a las mismas obligaciones, controles, limitaciones de horarios, requisitos de seguridad, inspecciones y cargas administrativas que soportan los establecimientos de ocio reglados de la isla.»
Un local con licencia tiene que superar límites de aforo, control acústico, inspecciones de seguridad y de incendios, y licencia turística de actividad, antes de vender una sola entrada. La queja de AEON es que un barco puede vender exactamente la misma noche, DJ, barra, gente, con una fracción de ese coste, y que el registro turístico apenas controla quién opera: solo aparecen once embarcaciones, frente a una flota que el sector describe como bastante mayor.
¿Cuánto dinero mueve realmente esto?
Los precios están a la altura de lo que cobraría una discoteca en un domingo grande. Un paseo estándar de atardecer de cuatro horas cuesta entre 50 y 90 euros; quien vende la excursión completa hasta Formentera cobra 180 euros; las salidas de temporada alta con un DJ de cartel pueden superar los 100 euros por persona. Nada de ese dinero pasa por una licencia de discoteca, nada tributa como tributan la entrada y la barra de un local regulado, y no hay ningún límite de aforo que obligue a rechazar la siguiente reserva cuando el barco ya va lleno.
¿Por qué se ha enfadado también el vecindario, no solo los empresarios?
La queja no es solo económica. Vecinos del casco antiguo de Vila han denunciado ruido de barcos que vuelven de madrugada con la música todavía puesta, y han aparecido vasos de plástico y restos de fiesta cerca de Es Vedrà, el islote protegido frente a la costa suroeste de Ibiza. Fondear cerca del Parque Natural de Ses Salines, a apenas unos seis kilómetros de algunas de estas rutas, pone en riesgo las praderas de posidonia que ese parque existe precisamente para proteger, las mismas que las autoridades baleares llevan años intentando blindar frente al daño de las anclas.
¿Puede Ibiza cerrar esto de verdad?
El alcalde de Vila, Rafael Triguero, ha planteado prohibir directamente estas fiestas, argumentando que las embarcaciones están autorizadas para excursiones marítimas, no para lo que ocurre a bordo en cuanto arranca la música: barcos, dice, «autorizados para hacer excursiones marítimas, pero no fiestas en su interior». El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ya intentó un endurecimiento a pie de calle que no llegó a cuajar. Ahora mismo, Sant Antoni es el único municipio con potestad legal para inspeccionar estos barcos, gracias a un decreto de 2024, y hasta la norma más básica, que prohíbe vender alcohol a bordo, se incumple abiertamente: los operadores siguen anunciando barra libre sin ningún problema.
