Esta semana estallaron dos noticias en Ibiza con cuarenta y ocho horas de diferencia y, puestas una junto a la otra, suenan como una acusación.
¿A quién se desmantela realmente en Ibiza?
El 28 de julio, la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia desmanteló una fiesta en la villa Casa Paola, en Es Cubells, una zona residencial y de lujo de la isla. Los agentes estimaron entre 250 y 300 personas en el lugar. Lo que convirtió el evento en una fiesta comercial ilegal, según Periódico de Ibiza, fue el conjunto de indicios propios de una noche promocionada de verdad: equipo profesional de DJ y sonido, puntos de acceso con entradas, promoción activa en redes sociales y seguridad privada contratada para controlar la puerta. El alcalde de Sant Josep describió la ola de intervenciones contra los 'afters' de villa este verano como agotadora y sin descanso, y calificó este desmantelamiento como uno de los mayores de la temporada, según Periódico de Ibiza.
Ese engranaje funciona tal como está pensado. Promotores que se saltan las licencias, los límites de aforo y las normas de ruido, y el ayuntamiento envía a sus agentes a cerrar la fiesta. Nadie en el sector de los clubes con licencia defendería que una villa tiene derecho a montar una noche para 300 personas sin ningún permiso.
Entonces, ¿por qué al aeropuerto del Estado solo se le pide amablemente?
Un día después, el 29 de julio, la patronal del ocio nocturno AEON, que representa a las discotecas con licencia de Ibiza bajo el nombre 'Noches de Ibiza', lanzó una exigencia de otro tipo, según Preferente. Su objetivo: Aena, la empresa pública española que gestiona el aeropuerto de Ibiza junto con decenas de otros aeropuertos del país. AEON quiere que Aena aclare si su plan de ampliación del aeropuerto incluye un espacio tipo discoteca, y exige una respuesta por escrito.
Es clave señalar que AEON no acusa a Aena de haber incumplido ya las normas como hicieron los promotores de Es Cubells. La asociación pide a Aena que se comprometa, de antemano, a cumplir el mismo régimen de licencias municipales que cualquier propietario de club independiente tiene que superar: salidas de emergencia, seguridad contra incendios, límites de aforo, insonorización, control de accesos y horarios fijos. El colectivo exige también la acreditación de licencias y un concurso público competitivo para cualquier espacio de este tipo, en lugar de que el operador estatal construya uno dentro de su propia terminal sin pasar por el mismo trámite que todos los demás.
AEON exige transparencia, acreditación de licencias y un concurso público, no un trato de favor para el operador aeroportuario estatal.
¿Por qué importa este calendario?
Puestas las dos noticias juntas, el patrón resulta evidente. Un promotor de villa organiza una sola noche sin licencia y ve cómo entre 250 y 300 personas son desalojadas por la policía en cuestión de horas. Una empresa pública que controla la verdadera puerta de entrada a la isla ni siquiera ha tenido que confirmar si planea un espacio competidor, y mucho menos si ese espacio superaría los mismos controles de seguridad contra incendios y de aforo que el ayuntamiento impone a todos los demás. AEON no pide el cierre de Aena. Pregunta, en público, por qué la aplicación más contundente de la ley en la isla parece caer siempre sobre los operadores independientes mientras el brazo público de las infraestructuras se lleva el beneficio de la duda.
